El país ha venido avanzando en la ampliación de su marco de política ambiental. Sin embargo, la protección del medio ambiente sigue siendo un desafío a todos los niveles. La degradación de los recursos naturales se traduce en perjuicios que afectan de manera especial a las comunidades locales, quienes se colocan entre los grupos más vulnerables de la población.

Uno de los temas que con más fuerza han capturado la atención general en el país es el de los desechos sólidos, que se han convertido en una de las problemáticas más críticas para la población y sociedad dominicana. En efecto, son cada vez más evidentes las consecuencias ambientales y sociales de su acumulación y, en general, de su mal manejo.

La experiencia desarrollada en diferentes contextos muestra que las acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental se vuelven efectivas cuando se vincula la protección del medio ambiente a la provisión de servicios para la comunidad y cuando esta última asume la gestión del proceso y se convierte en veedora de los recursos naturales.

Entre los servicios que siguen representando un desafío para el país está el acceso a la electricidad, puesto que el 2.5% de la población dominicana (el 4% en las áreas rurales) todavía no cuenta con el servicio12 . Junto con el acceso, la calidad del servicio es otro de los temas a mejorar: según el último informe del World Economic Forum, el país ha venido avanzando en la mejora de la calidad de la provisión eléctrica, estando ahora en la posición 79 de 141 países, sin embargo, todavía quedan numerosos desafíos para que la población cuente con un servicio de calidad.

Como parte de las acciones dirigidas a mejorar el acceso al servicio eléctrico, así como a impulsar el aprovechamiento de fuentes renovables, de acuerdo a lo establecido en la END, el Gobierno dominicano sigue apoyando la generación microhidroeléctrica comunitaria, especialmente a través de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).